Blog de la Campaña por la defensa a la protesta social, realizada por organizaciones de trabajadores y trabajadores, grupos de derechos humanos y organizaciones sociales venezolanas

jueves, 30 de julio de 2009

Correo del Caroní: Provea condena criminalización de la protesta

Caracas.- Activistas de los derechos condenaron el miércoles lo que calificaron como un estado de represión contra los organizadores de las protestas, al afirmar que el gobierno del presidente Hugo Chávez está violando el derecho de realizar manifestaciones pacíficas en el país.

Marino Alvarado, de la organización no gubernamental Provea, un destacado grupo que vela por los derechos humanos en Venezuela, expresó que más de 2.200 personas, entre ellas decenas de representantes sindicales, han sido acusados de cargos penales derivadas de su participación en protestas durante los últimos cuatro años.

La mayoría de ellos ha sido acusada de delitos menores, indicó Alvarado. Pero a algunos les han prohibido participar en futuras manifestaciones, salir de sus lugares de origen o debatir públicamente sus casos.

Otros encaran posibles penas de prisión. Catorce trabajadores que se sumaron a manifestaciones para exigir mejores condiciones de trabajo en Sidor, la mayor siderúrgica del país, se encuentran actualmente sometidos a juicio y podrían ser condenados hasta 10 años de prisión por protestar en una de las plantas que en años recientes fueron declaradas “zonas de seguridad”.

“Si el juez nos declara culpables, dirigentes sindicales en todo el país podrían ser encarcelados por organizar protestas”, dijo en una entrevista telefónica Valor, operador de maquinaria y ex representante sindical en Sidor, de 49 años.

Bajo una ley de seguridad nacional, toda persona implicada en las manifestaciones llevadas a cabo dentro de las declaradas “zonas de seguridad”, que incluye sedes gubernamentales, instalaciones petroleras, guarniciones militares y otros oficinas públicas, puede ser condenada hasta a 10 años de prisión.

Del mismo modo, una ley que garantiza el acceso a bienes y servicios castiga a las personas que impidan la producción, importación, acopio, transporte, distribución o comercialización de bienes esenciales, entre 6 a 10 años de prisión.

Ante las cada vez más frecuentes manifestaciones callejeras, la administración de Chávez está utilizando los fiscales y tribunales para intimidar a los organizadores de las protestas, acotó Alvarado a periodistas afuera de la Fiscalía General en Caracas.

“La criminalización de (las) protestas se ha convertido en una política de estado,” dijo Alvarado a la AP. “Están tratando de meter miedo, para que la gente no proteste”.

Los representantes del Gobierno no estuvieron de inmediato disponibles para comentar sobre las preocupaciones de Provea, pero éstos han desestimado denuncias semejantes en el pasado, afirmando que la administración de Chávez respeta plenamente el derecho a la protesta. (AP)(Correo del Caroní, http://www.correodelcaroni.com/content/view/132577/115/)

El Tiempo: Provea: 2 mil 200 dirigentes sociales son sometidos a juicio

La organización civil de defensa a los derechos civiles protestó este miércoles frente al Ministerio Público y exigió el cese de la utilización de los tribunales para entorpecer la labor de los activistas. El Frente Abogados Bolivarianos desestimó las acusaciones

CARACAS.- Más de 2 mil 200 dirigentes sociales se encuentran bajo procesos penales por ejercer su derecho a la protesta, situación que, según denunciaron representantes de la asociación civil Provea, viola las garantías consagradas por la Constitución y los acuerdos internacionales suscritos por la República.

Este miércoles integrantes de la agrupación, acompañados por voceros de sindicatos, movimientos estudiantiles, y otras organizaciones de derechos humanos, se concentraron a las puertas de la sede principal del Ministerio Público, para exigir el cese de la utilización de los tribunales para entorpecer la labor de los activistas sociales.

“Decimos basta de juicios penales por protestar. Defendemos el derecho a la protesta pacífica. Protestar no es un delito, sino un derecho”, comentó el coordinador de Provea, Marino Alvarado.

Destacó que la criminalización de la protesta social ha afectado a todos los sectores políticos del país, y recalcó que, indistintamente, dirigentes identificados con el oficialismo o con la oposición son sometidos a procesos penales.

Alerta
Cuestionó que desde la Asamblea Nacional se estén discutiendo leyes que cercenan el derecho a la protesta, como es el caso de la reforma a Ley Orgánica del Trabajo.

Alvarado resaltó que este miércoles los tribunales de Puerto Ordaz dieron inicio a un juicio contra 14 trabajadores de la empresa Camila (contratista de Sidor), también recordó que un tribunal de Carabobo prohibió a los dirigentes sindicales de la refinería El Palito sostener reuniones y asambleas en las instalaciones de la industria petrolera.

Pedro Rondón, representante laboral y miembro de la junta directiva de Sidor, recordó que este miércoles la Fiscalía acusó formalmente a tres obreros que reclamaron por las inseguras condiciones laborales dentro de la siderúrgica. Cuestionó que el Ministerio Público haya apelado la libertad plena que un juez de Puerto Ordaz otorgó a 53 trabajadores que habían sido sometidos a juicio por participar en diversas manifestaciones.

En paralelo a la protesta realizada por Provea, representantes del Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores Judiciales (Suontraj) denunciaron que las autoridades del Poder Judicial están llevando a cabo una serie de ataques y hostigamientos contra los dirigentes laborales, situación que pretende obstaculizar la discusión de la nueva convención colectiva.

“Tenemos información que la Sala Plena ha ordenado a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura que dilate y obstruya la negociación de la contratación colectiva”, dijo Luis Gálviz, presidente de Suontraj, quien destacó que ya han elevado la denuncia ante el Ministerio del Trabajo y la Asamblea Nacional, pero hasta ahora no han recibido respuestas.

Derecho garantizado
El presidente del Frente de Abogados Bolivarianos, Julio Latán, negó que en Venezuela haya persecución política y criminalización de las protestas.

Afirmó que ningún ciudadano ha sido sometido a juicio por dirigir acciones de calle. Argumentó que quienes fueron puestos a las órdenes de los tribunales “de seguro cometieron algún delito en esos escenarios, pero acá por protestar a nadie se ha metido preso, eso es mentira”.

Indicó que el conductor José Dacre, detenido el año pasado en una marcha opositora co debería ser juzgado en libertad.

Sicariato
Johan Rivas, trabajador del sector público de la salud, y vocero del colectivo Socialismo Revolucionario, pidió a la Fiscalía una respuesta definitiva frente a los decenas de sicariatos que han afectado a dirigentes obreros. “Es una contradicción que haya criminalización de la protesta”.

Preocupación
Luis Gálviz aseguró que tanto los directivos de Suontraj como los de Sunep-Judicatura están en la mira de las autoridades del Poder Judicial, y advirtió que en cualquier momento podrían ser removidos de sus cargos. Alegó que hay un irrespeto al fuero sindical.

(El Tiempo, http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=198073)

El Nacional: Inician campaña en defensa de derecho a la protesta social


MANIFESTACIÓN La criminalización afecta a todos los sectores del país
Inician campaña en defensa de derecho a la protesta social

Sectores democráticos temen que una nueva Ley Habilitante cierre aún más los espacios a los ciudadanos, alertó Marino Alvarado, directivo de Provea

ANA DIAZ
anadiaz@el-nacional.com

Con pancartas, volantes y títeres gigantes rechazaron el uso de la represión y de la fuerza pública contra quienes legítimamente reclaman sus derechos
Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos se concentraron ayer ante la sede de la Fiscalía General de la República como la primera acción de una campaña en defensa del derecho a la protesta social, que el Gobierno pretende eliminar a través de la criminalización.

Marino Alvarado, representante de Provea, informó que la política gubernamental abarca la descalificación contra quienes se movilizan por la defensa de sus derechos, el uso indiscriminado de la fuerza pública, sicarios y parapoliciales, y la apertura de expedientes judiciales.

Sobre esto último, informó que 2.200 personas de organizaciones sindicales, estudiantiles y de las comunidades "son sometidas a juicios penales por ejercer el derecho a la protesta, consagrado por la Constitución".

Citó el juicio contra 14 trabajadores de la empresa Camila, contratista de Sidor, que están bajo régimen de presentación desde hace tres años y medio.

"El proceso gubernamental de criminalización afecta a todos los sectores políticos del país", dijo Alvarado.

Agregó que "dirigentes sindicales -simpatizantes del proceso del presidente Hugo Chávez- están sometidos a régimen de proceso penal, así como personas de las comunidades por exigir mejoras en los servicios públicos".

También alertó que desde la Asamblea Nacional se promulgan leyes que cercenan el derecho a la protesta. Hizo un llamado a las organizaciones sindicales a estar vigilantes ante la Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, pues se pretende restringir o eliminar el derecho a la huelga.

Otra violación a los derechos humanos es el uso creciente del sicariato que -en los últimos cinco años- cobró la vida a más de cien sindicalistas y 60 dirigentes campesinos. "Estos casos siguen impunes", dijo Alvarado.

Denunció que la última modalidad judicial es dictar medidas cautelares para impedir a la dirigencia sindical ejercer su trabajo. "A los sindicalistas de la refinería El Palito se les prohíbe convocar asambleas, informar a los trabajadores y realizar reuniones cerca de las plantas" destacó.

Sobre una eventual nueva Ley Habilitante para el presidente Chávez, advirtió que los sectores democráticos temen se cierren aún más los espacios ciudadanos.

Los manifestantes que se concentraron ayer frente al Ministerio Público llevaron pancartas y volantes con leyendas en rechazo a la criminalización de la protesta. Llevaron también dos títeres gigantes que ilustraban la escena de un policía agrediendo a un obrero. De esta manera destacaron el uso de la represión y de la fuerza pública contra quienes reclaman sus derechos.

En las puertas de la Fiscalía estuvieron activistas de la Unidad Socialista de Izquierda, Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma, Acción Solidaria, Convive, Espacio Público, Cofavic, Colectivo Socialismo Revolucionario, Liga de Trabajadores por el Socialismo, Movimiento Solidaridad Laboral, Colectivo Libre Aquiles Nazoa, Comité de Víctimas contra la Impunidad, Movimiento de Solidaridad Laboral, entre otras.

Los manifestantes solicitan la derogación de los artículos que penalizan el derecho a la protesta del Código Penal, Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación y la Ley especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento.



Nación
Difieren juicio oral contra sidoristas

FABIOLA ZERPA

La apertura del juicio a 14 trabajadores de Sidor acusados de 5 delitos por protestar por mejores condiciones laborales en 2006 fue diferida por cuarta vez hasta el 11 de febrero de 2010, lo cual evidencia un gran retardo procesal, informaron fuentes del caso.

Ayer había mucha expectativa por la audiencia en Ciudad Guayana, pues se esperaba que fuera el comienzo del juicio oral contra 3 sindicalistas y 11 trabajadores de la empresa siderúrgica. Sin embargo, el diferimiento sigue causando desasosiego entre los imputados.

El caso es de relevancia para las organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Provea, que lo considera un patrón de criminalización de la protesta muy negativo para la historia de Venezuela.

Si son sentenciados, los trabajadores pueden sufrir penas de entre 5 y 10 años de cárcel.

Los delitos que pesan sobre los acusados son secuestro, instigación a delinquir, crimen organizado, apropiación indebida y violación de zona de seguridad.

Los hechos se originaron cuando los sindicalistas Juan Valor, Leonel Grisett y Jhoel Hernández, junto con empleados de la contratista Transportes Camila, tomaron en custodia unos equipos en protesta por sus desperfectos y falta de mantenimiento, lo que ponía en riesgo la seguridad laboral de los trabajadores.

Provea afirma que en el país existen 2.200 personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales por ejercer su derecho a la protesta para exigir reivindicaciones fundamentales. Desde 2006, los acusados deben presentarse en el tribunal cada cierto tiempo. Al comienzo fue cada 30 días y luego cada 45 días.

Tribunalicios denuncian

El presidente del gremio, Luis Galvis, denunció que presionan a los trabajadores tribunalicios para limitar sus actividades sindicales.

Señaló que en Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Aragua y Caracas los han amenazados con removerlos de sus cargos si hacen asambleas.

Añadió que los dirigentes sindicales han sido hostigados, como en el caso del presidente de la seccional Caracas, Kennedy Bolívar, en cuya residencia se presentaron motorizados armados el martes en la noche.

"No podemos ejercer la libertad sindical, que es un derecho humano y que está consagrada en la propia Constitución. No hay libertad sindical para los trabajadores tribunalicios, las directivas sufren las arremetidas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y corremos el riesgo de ser despedidos sin causa justa".

(EL NACIONAL - Jueves 30 de Julio de 2009, Nación/2)

miércoles, 29 de julio de 2009

Realizada concentración por defensa del derecho a la protesta social y en solidaridad con los 14 trabajadores enjuiciados de Sidor


(Caracas, 29.07.09) Durante la mañana del 29.07.09, un grupo de organizaciones sociales y en derechos humanos, acompañados de diferentes colectivos populares, realizaron una concentración en las puertas de la Fiscalía General de la República, ubicada en Parque Carabobo Caracas, como inicio de lo que denominan “Campaña en defensa del derecho a la protesta social”. Según los activistas, esta es una respuesta al creciente proceso de criminalización de la protesta realizado por entes y órganos del Estado, el cual abarca desde los descalificativos a quienes se movilizan para la defensa de sus derechos, el uso indiscriminado de la fuerza pública, la apertura de procesos judiciales penales, promulgación de normas restrictivas del derecho a la protesta y el uso de sicarios y parapoliciales para disuadir las acciones de exigencia de derechos sociales, tales como trabajo, vivienda y servicios públicos.

Esta iniciativa es promovida por diferentes organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Unidad Socialista de Izquierda (USI), Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma (CCURA), Acción Solidaria, Convite, Periódico El Libertario, Espacio Público, COFAVIC, Colectivo Socialismo Revolucionario (CSR), Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), Movimiento Solidaridad Laboral, Colectivo Libre Aquiles Nazoa, Comité de Víctimas contra la Impunidad, Indubio Pro Reo, Sintraince, entre otras.

Antonio Puppio, coordinador del programa de exigibilidad de Provea, se reunió con Alejandro Castillo, director general de actuación procesal de la Fiscalía, para presentarle las demandas de las organizaciones participantes de la actividad. “Se planteó la desnaturalización del derecho a la protesta por parte del gobierno, la cual se ejerce con la aplicación de tipos delictivos que aparecen en el Código Penal y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, entre otras”.

El representante de Provea agregó “por otro lado, preocupa la impunidad que existe con respecto a los casos de sicariato sindical y los asesinatos de campesinos, lo cual favorece la repetición de los hechos. Además, la desnaturalización de la protesta se manifiesta por las descalificaciones que realizan funcionarios del Estado contra aquellos que ejercen su derecho a manifestar”.

El representante de la Fiscalía por su parte reafirmó el rango constitucional que tiene el derecho a la protesta y puntualizó que el Ministerio Público no está realizando ningún juicio contra trabajadores por ejercer su derecho, las actuaciones que han realizado contra empleados u obreros se sustenta en las actas presentadas por los funcionarios aprehensores y son una precalificación.

En cuanto a los 14 trabajadores de SIDOR que serían sometidos a juicio en horas de la mañana, el acto judicial volvió a ser pospuesto, en esta oportunidad se movió para febrero de 2010 lo cual somete a los trabajadores a seguir bajo régimen de presentación en el tribunal de control.

Las reivindicaciones que se llevaron al representante de la fiscalía por las organizaciones participantes de “Campaña en defensa del derecho a la protesta social” fueron:

1) La derogación de los artículos 284, 286, 297 y 358 del Código Penal; 47, 48, 49, 50, 53 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación; 139 y 141 de la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, así como el 20, 24 y 25 de la Ley especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos al control de precios, todos los cuales penalizan el derecho a la protesta.

2) La investigación imparcial y transparente de todos los crímenes de sicariato y otros delitos contra campesinos, obreros y otros actores sociales, así como el juicio y sanción para los culpables.

3) La libertad plena e inmediata de todos y todas las activistas sociales privadas de libertad por protestar, así como la suspensión del régimen de presentación periódica ante los tribunales y el resto de medidas cautelares que prohíben el trabajo sindical dentro de los centros de trabajo.

4) No al uso de la fuerza pública en contra de las manifestaciones por derechos sociales y políticos. Prohibición del uso de armas de fuego y bombas lacrimógenas por parte de los funcionarios policiales y militares en las protestas y en la ejecución de desalojos judiciales contra las acciones de exigencias del derecho a la vivienda y a los servicios públicos.

Para mayor información puede visitar el sitio web http://protestarnoesundelito.blogspot.com

Imágenes actividad 29.07.09 frente a la Fiscalía de Parque Carabobo en Caracas





martes, 21 de julio de 2009

Primera declaración Campaña por la Defensa de la Protesta Social

Campaña por la defensa del derecho a la protesta social

Según cifras reveladas por líderes sindicales, campesinos y estudiantiles, actualmente en Venezuela existen 2200 personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales por ejercer su derecho constitucional a la protesta por sus reivindicaciones fundamentales. La inmensa mayoría de los que sufren estos procesos pertenecen a gremios de trabajadores, campesinos, estudiantes y de comunidades populares, siendo los más desposeídos y de sectores vulnerables los que padecen la infracción de sus derechos. Lo que era una política aislada y eventual se ha transformado en una política de Estado. Por un lado, funcionarios policiales, el Ministerio Público y los jueces de control, por otro, sicarios al mando de terratenientes y de sectores empresariales, y hasta grupos de choque afines de los gobiernos, nacional, regional y local, independientemente de su tendencia política, conforman el triangulo de la represión a la lucha social. Dicha criminalización, alentada por diferentes poderes del Estado, empresarios y terratenientes , se realiza en un contexto en que aumentan las manifestaciones por derechos sociales, con lo que se han venido aplicando diferentes normativas a quienes ocupan terrenos para exigir su derecho a la tierra y la vivienda, a las comunidades que cierran calles para pedir o mejorar servicios públicos, a los trabajadores y trabajadoras que presionan por defender su fuente de trabajo, alcanzar mejores salarios y lograr su contratación colectiva, a los estudiantes que piden dotación para sus centros educativos, usuarios y usuarias de servicios de salud integral y otros sectores en lucha por sus derechos sociales y políticos. Por tanto, lo anterior es una evidencia de la estrategia del Estado, y algunos sectores privados, para restringir la legítima protesta y el disfrute de los derechos humanos consagrados en la constitución.

Como contraparte tenemos la situación de impunidad de los crímenes ocurridos contra luchadores sociales, en donde los indicios de la participación de empresarios y latifundistas en los asesinatos de líderes obreros y campesinos no han sido investigados y sancionados, así como tampoco la responsabilidad política de mandatarios regionales en algunos casos. Esta impunidad ha alentado el sicariato, como método para silenciar y amedrentar a los sectores en lucha por sus derechos. Si bien dentro de esta modalidad existe un alto porcentaje derivado de las pugnas entre organizaciones gremiales por el control de puestos de trabajo como en el sector de la construcción, se han registrado diferentes casos en donde el asesinato por encargo tiene como objetivo fulminar y disolver los sindicatos que se atreven a movilizarse por sus reivindicaciones y las luchas obreras más radicalizadas.

Por esta razón un grupo de organizaciones sociales y de derechos humanos, grupos estudiantiles y académicos así como diferentes individualidades promovemos una campaña para defender el derecho a la protesta, tal como se encuentra en la declaración universal de los derechos humanos y en la Constitución, así como condenar la apertura de juicios, el uso de sicarios y otros mecanismos de criminalización por ejercer este derecho, tales como las medidas judiciales que prohíben la realización de asambleas y huelgas dentro de las empresas estatales.

En tal sentido, queremos hacer público este pronunciamiento con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública sobre esta grave restricción a los derechos, y exhortar a todas las organizaciones sindicales, campesinas, comunitarias, estudiantiles y medios alternativos a sumarse activamente a esta campaña nacional en defensa del derecho legítimo a la protesta social.

Solicitamos:

1) La derogación de los artículos 284, 286, 297 y 358 del Código Penal; 47, 48, 49, 50, 53 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación; 139 y 141 de la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, así como el 20, 24 y 25 de la Ley especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos al control de precios, todos los cuales penalizan el derecho a la protesta.

2) La investigación imparcial y transparente de todos los crímenes de sicariato y otros delitos contra campesinos, obreros y otros actores sociales, así como el juicio y sanción para los culpables.

3) La libertad plena e inmediata de todos y todas las activistas sociales privadas de libertad por protestar, así como la suspensión del régimen de presentación periódica ante los tribunales y el resto de medidas cautelares que prohíben el trabajo sindical dentro de los centros de trabajo.

4) No al uso de la fuerza pública en contra de las manifestaciones por derechos sociales y políticos. Prohibición del uso de armas de fuego y bombas lacrimógenas por parte de los funcionarios policiales y militares en las protestas y en la ejecución de desalojos judiciales contra las acciones de exigencias del derecho a la vivienda y a los servicios públicos.

CONVOCAMOS A TODOS LOS COLECTIVOS SOCIALES E INICIATIVAS DE BASE A LA MANIFESTACIÓN POR LA DEFENSA DEL DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL EL MIÉRCOLES 29 DE JULIO, A LAS 10 DE LA MAÑANA, FRENTE A LA SEDE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN PARQUE CARABOBO, EN CARACAS. ESE DÍA NOS SOLIDARIZAREMOS, ADEMÁS, CON LOS 14 TRABAJADORES DE SIDOR SOMETIDOS A JUICIO EN CIUDAD GUAYANA POR EJERCER SU DERECHO A LA PROTESTA.

Organizaciones:
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Unidad Socialista de Izquierda (USI)
Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma (CCURA)
Acción Solidaria
Convite
Periódico El Libertario
Espacio Público
COFAVIC
Colectivo Socialismo Revolucionario (CSR)
Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS)
Movimiento Solidaridad Laboral
Sinergia
Comité de Víctimas contra la Impunidad Lara
Indubio Pro Reo


Personalidades
Domingo Alberto Rangel

Adhesiones a la campaña, mensajes al e-mail: protestarnoesdelito@gmail.com