| 31% de las manifestaciones ha sido protagonizada por oficialistas | |
| Realizadas en nueve meses mil 756 protestas populares | |
Caracas, septiembre 30 (REDACTA).- El número de protestas populares asciende cada día, factor que pudiera afectar la popularidad del Gobierno o podría ser la consecuencia principal del desmedro de ella. Hasta este miércoles se han contabilizado mil 756 manifestaciones desde que comenzó el año. En nueve meses de 2009 la cifra de las manifestaciones superó a las que se produjeron en el país durante todo el año pasado cuando se registraron mil 600. En el primer cuatrimestre ya se palpaba un incremento de acciones de calle en 47,37% con relación a 2008. Septiembre cerró con 238 expectativas sociales no cumplidas observó el coordinador de la Mesa Social de la Unidad, William Ojeda. El dirigente puntualizó que la mayoría ha sido motivada por la solicitud de reivindicaciones laborales (64), le siguen derechos civiles (32), servicios públicos (21), entre las que destacan los apagones como la primera demanda ciudadana y por último la inseguridad (19). Con un promedio de seis manifestaciones sociales diarias en los 273 días que lleva el año, la principal forma de alzar la voz es trancar las calles con pancartas o consignas, a la que le sigue los 21 eventos que suman por huelgas de hambre. Para Ojeda la huelga de hambre representa una situación extrema, pues “se está llegando a un punto de ebullición y descontento popular, al punto de poner en riesgo su propia vida para asegurar derechos humanos”. Con respecto a las ideologías de los grupos, lideran las tablas las manifestaciones autónomas con 50%, y le siguen los oficialistas con 31%, en último lugar, la oposición 19%. “Las bases populares salieron a protestar porque se sienten desprotegidas, olvidadas y defraudadas en sus necesidades y solicitudes”, advirtió Ojeda. Ciento veinte de las expectativas sociales incumplidas son autónomas, 74 oficialistas y 44 oposicionistas al Gobierno. Explicó que la razón de ellas es la burocracia. “No se está dando respuestas, no se atiende al descontento”. El dirigente de UNT especuló que el Gobierno no da respuestas. El incremento de la movilización en las calles se nota cada mes, con respecto a agosto las protestas aumentaron 31%. Las entidades en las que se escenificaron más protestas son: Distrito Capital, Anzoátegui y Miranda, 30 cada una, Barinas 17. En Carabobo hubo 12 en septiembre. 17 detenidos en protesta de trabajadores petroleros Germán Cortez, representante de los trabajadores petroleros de la Costa Oriental del Lago, informó que su gremio estudia la posibilidad de ir a Caracas e instalarse en la Embajada de Brasil para hacer una huelga de hambre. Cortez dijo que esta medida sería una respuesta a la detención de 17 trabajadores que protestaban ayer en Zulia. Una representación de los dos mil 700 trabajadores “fueron engañados y los mandaron a inscribir” para que no entorpecieran la realización de un censo ordenado por Petróleos de Venezuela, pero los puestos de trabajo fueron otorgados a militantes del PSUV. “Tomaron desde las doce de la noche la avenida intercomunal de Las Morochas, la guardia vino y arremetió sin medir, porque el ministro Rafael Ramírez está hoy aquí”, informó en Unión Radio. La primera huelga de hambre de trabajadores se levantó el domingo por recomendaciones médicas, pero otros trabajadores desde el lunes reiniciaron las acciones de protesta y hoy día “hay más de 60 compañeros en huelga de hambre”. | |
El Carabobeño, 01.10.09 |
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jueves, 1 de octubre de 2009
Mesa de la Unidad: mil 756 protestas populares entre enero y septiembre
miércoles, 30 de septiembre de 2009
Huelga de hambre estudiantil es un montaje mediático prestado para la desestabilización
“Cuando las huelgas de hambre son serias existe la incomunicación por parte de aquellos que la integran, sin embargo, vemos como estos muchachos tienen un constante acceso a los medios de comunicación, entonces debemos tener cuidado porque este es un tema fundamental de opinión pública y ellos lo están manejados por medio de un show mediático”, enfatizó. Durante el programa Educando en Socialismo, que transmite Radio Nacional de Venezuela (RNV), Navarro resaltó que es importante que el pueblo no se deje manipular por estas acciones y, por el contrario aprendan a comparar cuándo las huelgas son por compromisos y cuándo son un montaje mediático que se presta para la desestabilización. Al respecto, aseveró: “Esto que estamos viendo es un montaje mediático pues es evidente que no hay compromiso por parte de de los estudiantes más allá de aquel que puedan tener sólo unos pocos porque, estoy seguro que la gran mayoría de muchachos que integran esta huelga son incautos que se dejan persuadir por su amigos”. Asimismo, el titular del despacho de la educación indicó que resulta irónico el motivo que llevó a los estudiantes a ejecutar la huelga de hambre pues, según explicó, los académicos alegan además que es una huelga para luchar contra la supuesta represión que hay en Venezuela y porque en el país no están permitidas las protestas, no obstante, y contradiciendo su discurso, ellos se mantienen protestando. “Seguiremos viendo como se irán unos estudiantes de la huelga y se incorporarán otros, es decir, que se reemplazarán unos por otros entonces no pueden decir que en Venezuela existe represión', expresó. Estos estudiantes se encuentran en huelga de hambre desde el pasado 24 de septiembre frente a la oficina de la Organización de los Estados Americanos en Caracas. | ||
Agencia Bolivariana de Noticias, 30.09.09, http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=201044&lee=6 |
PSUV-Bolívar repudia show medíatico montado por sindicalista procesado por violencia laboral
| Ciudad Guayana, 29 Sep. ABN.- El Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado Bolívar repudió este martes el 'show mediático' protagonizado por el secretario general del sindicato de trabajadores de la empresa estatal Ferrominera Orinoco (Sintra-Ferrominera), Rubén González, tras ser detenido y puesto a las órdenes de los tribunales como presunto autor de varias acciones violentas durante una huelga convocada por esa organización el pasado mes de agosto. En rueda de prensa ofrecida por los integrantes de este buró, el coordinador de Medios y Propaganda del PSUV-Bolívar, David Medina, recordó que Rubén González inició una campaña mediática para presentarse como 'víctima del Gobierno' en una presunta lucha por los derechos sindicales, lo cual ha sido aprovechado por medios de comunicación privados al servicio de factores políticos de oposición. Medina recalcó en primer lugar que 'Rubén González está detenido a las órdenes de un tribunal para que responda por sus propias actuaciones durante la huelga violenta que organizó en la planta de Ferrominera Orinoco en Ciudad Piar y ahora trata de evadir su responsabilidad presentándose como una especie de víctima'. Recalcó además que este sindicalista enfrenta un proceso judicial por delitos tipicados en la Ley de Zonas de Seguridad del Estado y por presuntamente atentar contra el libre acceso al sitio de trabajo de sus compañeros y agavillamiento. Igualmente, rechazó las afirmaciones del sindicalista de que es miembro del PSUV y afín con el proceso revolucionario que encabeza el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías. 'Rubén González no es miembro del PSUV pues se autoexcluyó al actuar contra la legítima candidatura de la ahora alcaldesa del municipio Angostura, Yusleibi Ramírez... por lo tanto rechazamos que pretenda politizar su situación, que todos sabemos que es una situación estrictamente laboral y judicial', enfatizó. Así mismo, hizo un llamado a los trabajadores de Ferrominera Orinoco para que no se dejen arrastrar a la violencia por parte de González, quien ha amenazado con convocar huelgas y acciones violentas en Ciudad Guayana y Ciudad Piar si los tribunales ordenan prisión en su contra. En este punto, recordó que 'no es el PSUV quien denunció a González ante la Fiscalía, sino la misma empresa donde trabaja, debido a los daños que ocasionó allí, por lo que rechazamos que medios de comunicación con inclinación oposicionista pretendan calificarlo como una víctima de represión sindical', puntualizó. Rubén González fue detenido por una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) el pasado viernes en Ciudad Bolívar, cuando rendía declaraciones en calidad de testigo en una investigación abierta por la Fiscalía por presunta corrupción en contra del ex-alcalde del municipio Angostura, Gilberto Villarroel, durante cuya gestión el sindicalista fue presidente de la cámara municipal de esa localidad. La detención obedeció a una orden de captura emitida por el Juzgado IV de Control de Ciudad Guayana, a petición de la Fiscalía del Ministerio Público, una vez que abierta una investigación contra González a raíz de una huelga violenta encabezada por él en agosto del presente año en la planta de Ferrominera Orinoco en Ciudad Piar. Esta huelga provocó la paralización de la producción de mineral de hierro en esa empresa básica y amenazó seriamente el abastecimiento a las plantas productoras de acero, tanto públicas como privadas que funcionan en Ciudad Guayana, estado Bolívar. Además, durante la misma se registraron daños a equipos de la empresa, propiedad de todos los venezolanos, y la Fiscalía recogió testimonios de que González y otros miembros del sindicato presuntamente impidieron con amenazas y golpes que sus compañeros ingresaran a sus puestos de trabajo. Tras ser presentado ante el Tribunal IV de Control el día lunes, el sindicalista recibió el beneficio de 'casa por cárcel' mientras prosigue el proceso judicial en su contra. Finalmente, el Buró Político del PSUV-Bolívar rechazó que se intente calificar de 'preso político' a este ciudadano, y recordaron que la oposición en esta entidad 'ya tiene un largo historial tratando de defender con ese título a personas acusadas de delitos contra el Patrimonio Público, como es el caso del ex-alcalde de Sifontes, Carlos Chancellor, quien está detenido por varios delitos de Salvaguarda, entre otros casos similares'. |
martes, 29 de septiembre de 2009
Sin techos exigen liberación de dirigente vecinal
| Sin techos exigen liberación de dirigente vecinal |
| Franlia Rodríguez H. Maracay, septiembre 28 (REDACTA).- Un numeroso grupo de personas que se encuentran en situación de sin techo, tomaros las afueras del Palacio de Justicia del estado Aragua para exigir la liberación del líder vecinal Yom Rojas, quien fue detenido hace más de tres meses por obstruir la vía pública. Merlen de Blanco, señaló que todos los socios de la OCV Ciudad Crespo serán solidarios con el “luchador social” que en reiteradas oportunidades apoyó las multitudinarias marchas que se realizaron en la ciudad de Maracay, para exigir que las autoridades nacionales y regionales tomaran en cuenta el problema de vivienda que enfrentan más de mil familias. Los presentes señalaron que Rojas se encuentra privado de libertad en su residencia, pues presenta un estado delicado de salud, debido a que recientemente fue intervenido quirúrgicamente del corazón. Las familias presentes dijeron que no permitirán que el líder vecinal sea trasladado a Tocorón o condenado por delitos que no cometió. Dijeron que el día en que se realizó la aprehensión Rojas no se encontraba participando en la marcha y por el contrario, había permanecido en su residencia por quebrantos de salud. “Nosotros queremos decirle a la opinión pública que Yom Rojas no está solo y que es un preso político más de Venezuela, que ha sido agredido por solicitar a las autoridades respuestas, cumplan con su trabajo como lo es el garantizarle a la ciudadanía un techo propio”, dijo Blanco. |
El Carabobeño, 29.09.09, http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a290909c03&id=t290909-c03 |
jueves, 17 de septiembre de 2009
PCV acusa a instancias estatales de criminalizar lucha campesina
16 El País Ultimas Noticias | Jueves 17 de Septiembre de 2009
Eduardo Linarez informó que 150 dirigentes han sido asesinados
PR
Caracas. El Partido Comunista de Venezuela (PCV) responsabilizó a funcionarios policiales del Cicpc y a fiscales del Ministerio Público de "prestarse" para criminalizar y judicializar las protestas por tierras de algunos dirigentes campesinos venezolanos.
Eduardo Linarez, vocero de la Secretaría Agraria y Campesina de la tolda del gallo, sostuvo que terratenientes, en complicidad con organismos del Estado y grupos paramilitares, "vienen desarrollando el ataque a dirigentes campesinos con el objeto de detener los procesos de reforma agraria que se vienen desarrollando".
Apuntó que "intentan vincular las demandas de los campesinos a hechos delictuales artificiales para acusarlos ante la justicia".
Concretamente, señaló a Álvaro Coso Tocino de ser "un tercero que ha venido adquiriendo tierras en el estado Yaracuy, que es utilizado por los terratenientes de la zona, con grupos de paramilitares para desplazar a campesinos".
El dirigente aseguró que en los últimos cinco años han sido asesinados más de 150 dirigentes campesinos. Cuestionó que no se abrieran investigaciones al respecto, ni se determinaran culpables. "Esta situación hoy se ha ramificado y se han vinculado a estados como Falcón, Portuguesa, Yaracuy, Guárico", subrayó.
Linarez exigió al Tribunal Supremo de Justicia revisar "exhaustivamente" los procedimientos que se le siguen a los campesinos, a través de los tribunales agrarios.
Eduardo Linarez informó que 150 dirigentes han sido asesinados
PR
Caracas. El Partido Comunista de Venezuela (PCV) responsabilizó a funcionarios policiales del Cicpc y a fiscales del Ministerio Público de "prestarse" para criminalizar y judicializar las protestas por tierras de algunos dirigentes campesinos venezolanos.
Eduardo Linarez, vocero de la Secretaría Agraria y Campesina de la tolda del gallo, sostuvo que terratenientes, en complicidad con organismos del Estado y grupos paramilitares, "vienen desarrollando el ataque a dirigentes campesinos con el objeto de detener los procesos de reforma agraria que se vienen desarrollando".
Apuntó que "intentan vincular las demandas de los campesinos a hechos delictuales artificiales para acusarlos ante la justicia".
Concretamente, señaló a Álvaro Coso Tocino de ser "un tercero que ha venido adquiriendo tierras en el estado Yaracuy, que es utilizado por los terratenientes de la zona, con grupos de paramilitares para desplazar a campesinos".
El dirigente aseguró que en los últimos cinco años han sido asesinados más de 150 dirigentes campesinos. Cuestionó que no se abrieran investigaciones al respecto, ni se determinaran culpables. "Esta situación hoy se ha ramificado y se han vinculado a estados como Falcón, Portuguesa, Yaracuy, Guárico", subrayó.
Linarez exigió al Tribunal Supremo de Justicia revisar "exhaustivamente" los procedimientos que se le siguen a los campesinos, a través de los tribunales agrarios.
lunes, 14 de septiembre de 2009
Russián, En Venezuela no se criminaliza la protesta
 Clodosbaldo Russián, contralor general de la República.(Foto César Pérez) |
Maracay, septiembre 11 (REDACTA).- El contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, afirmó que en Venezuela no se criminaliza la protesta y desestimó los señalamientos de sectores de oposición al respecto.
Las declaraciones fueron emitidas durante la celebración de la décimo sexta reunión del grupo de coordinadores de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los países miembros del Mercosur y sus aliados.
Russián aseveró que en el país los ciudadanos manifiestan a diestra y siniestra e incluso impiden el libre tránsito, sin alguna amonestación. Invitó a la ciudadanía a chequear cualquier medio de comunicación para constatar todas las protestas que se escenifican a diario sin ninguna contrariedad.
“Yo no creo que haya ningún tipo de criminalización hacia la protesta. Lo que no se puede permitir en Venezuela ni en el resto del mundo es que se violente el orden público”, expresó Russián.
En tal sentido, hizo un llamado a todos los sectores que estén en desacuerdo con el Gobierno Nacional para que protesten y manifiesten de forma pacífica.
Con relación al encuentro sostenido en la ciudad de Maracay en el que participaron contralores de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela; el Contralor General de la República notificó que las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur) serán el órgano que realice las auditorías de los fondos nacionales y multinacionales para América Latina.
Al respecto, indicó que las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFSUR) redactarán normas que puedan hacer viable la decisión de auditar los fondos binacionales y multinacionales.
También, se acordó por consenso que la presidencia de la EFSUR sea ejercida por la representante de la Auditoría General de Argentina, Vilma Castillo.
Por último, Russián dijo que la meta es que los fondos se manejen de forma “cristalina” para abolir la cultura de corrupción e impunidad dentro del sector público y privado.
(El Carabobeño, 12.09.09, http://www.el-carabobeno.com/p_pag_hnot.aspx?art=a120909c07&id=t120909-c07)
jueves, 30 de julio de 2009
Correo del Caroní: Provea condena criminalización de la protesta
Caracas.- Activistas de los derechos condenaron el miércoles lo que calificaron como un estado de represión contra los organizadores de las protestas, al afirmar que el gobierno del presidente Hugo Chávez está violando el derecho de realizar manifestaciones pacíficas en el país.
Marino Alvarado, de la organización no gubernamental Provea, un destacado grupo que vela por los derechos humanos en Venezuela, expresó que más de 2.200 personas, entre ellas decenas de representantes sindicales, han sido acusados de cargos penales derivadas de su participación en protestas durante los últimos cuatro años.
La mayoría de ellos ha sido acusada de delitos menores, indicó Alvarado. Pero a algunos les han prohibido participar en futuras manifestaciones, salir de sus lugares de origen o debatir públicamente sus casos.
Otros encaran posibles penas de prisión. Catorce trabajadores que se sumaron a manifestaciones para exigir mejores condiciones de trabajo en Sidor, la mayor siderúrgica del país, se encuentran actualmente sometidos a juicio y podrían ser condenados hasta 10 años de prisión por protestar en una de las plantas que en años recientes fueron declaradas “zonas de seguridad”.
“Si el juez nos declara culpables, dirigentes sindicales en todo el país podrían ser encarcelados por organizar protestas”, dijo en una entrevista telefónica Valor, operador de maquinaria y ex representante sindical en Sidor, de 49 años.
Bajo una ley de seguridad nacional, toda persona implicada en las manifestaciones llevadas a cabo dentro de las declaradas “zonas de seguridad”, que incluye sedes gubernamentales, instalaciones petroleras, guarniciones militares y otros oficinas públicas, puede ser condenada hasta a 10 años de prisión.
Del mismo modo, una ley que garantiza el acceso a bienes y servicios castiga a las personas que impidan la producción, importación, acopio, transporte, distribución o comercialización de bienes esenciales, entre 6 a 10 años de prisión.
Ante las cada vez más frecuentes manifestaciones callejeras, la administración de Chávez está utilizando los fiscales y tribunales para intimidar a los organizadores de las protestas, acotó Alvarado a periodistas afuera de la Fiscalía General en Caracas.
“La criminalización de (las) protestas se ha convertido en una política de estado,” dijo Alvarado a la AP. “Están tratando de meter miedo, para que la gente no proteste”.
Los representantes del Gobierno no estuvieron de inmediato disponibles para comentar sobre las preocupaciones de Provea, pero éstos han desestimado denuncias semejantes en el pasado, afirmando que la administración de Chávez respeta plenamente el derecho a la protesta. (AP)(Correo del Caroní, http://www.correodelcaroni.com/content/view/132577/115/)
Marino Alvarado, de la organización no gubernamental Provea, un destacado grupo que vela por los derechos humanos en Venezuela, expresó que más de 2.200 personas, entre ellas decenas de representantes sindicales, han sido acusados de cargos penales derivadas de su participación en protestas durante los últimos cuatro años.
La mayoría de ellos ha sido acusada de delitos menores, indicó Alvarado. Pero a algunos les han prohibido participar en futuras manifestaciones, salir de sus lugares de origen o debatir públicamente sus casos.
Otros encaran posibles penas de prisión. Catorce trabajadores que se sumaron a manifestaciones para exigir mejores condiciones de trabajo en Sidor, la mayor siderúrgica del país, se encuentran actualmente sometidos a juicio y podrían ser condenados hasta 10 años de prisión por protestar en una de las plantas que en años recientes fueron declaradas “zonas de seguridad”.
“Si el juez nos declara culpables, dirigentes sindicales en todo el país podrían ser encarcelados por organizar protestas”, dijo en una entrevista telefónica Valor, operador de maquinaria y ex representante sindical en Sidor, de 49 años.
Bajo una ley de seguridad nacional, toda persona implicada en las manifestaciones llevadas a cabo dentro de las declaradas “zonas de seguridad”, que incluye sedes gubernamentales, instalaciones petroleras, guarniciones militares y otros oficinas públicas, puede ser condenada hasta a 10 años de prisión.
Del mismo modo, una ley que garantiza el acceso a bienes y servicios castiga a las personas que impidan la producción, importación, acopio, transporte, distribución o comercialización de bienes esenciales, entre 6 a 10 años de prisión.
Ante las cada vez más frecuentes manifestaciones callejeras, la administración de Chávez está utilizando los fiscales y tribunales para intimidar a los organizadores de las protestas, acotó Alvarado a periodistas afuera de la Fiscalía General en Caracas.
“La criminalización de (las) protestas se ha convertido en una política de estado,” dijo Alvarado a la AP. “Están tratando de meter miedo, para que la gente no proteste”.
Los representantes del Gobierno no estuvieron de inmediato disponibles para comentar sobre las preocupaciones de Provea, pero éstos han desestimado denuncias semejantes en el pasado, afirmando que la administración de Chávez respeta plenamente el derecho a la protesta. (AP)(Correo del Caroní, http://www.correodelcaroni.com/content/view/132577/115/)
El Tiempo: Provea: 2 mil 200 dirigentes sociales son sometidos a juicio
La organización civil de defensa a los derechos civiles protestó este miércoles frente al Ministerio Público y exigió el cese de la utilización de los tribunales para entorpecer la labor de los activistas. El Frente Abogados Bolivarianos desestimó las acusaciones
CARACAS.- Más de 2 mil 200 dirigentes sociales se encuentran bajo procesos penales por ejercer su derecho a la protesta, situación que, según denunciaron representantes de la asociación civil Provea, viola las garantías consagradas por la Constitución y los acuerdos internacionales suscritos por la República.
Este miércoles integrantes de la agrupación, acompañados por voceros de sindicatos, movimientos estudiantiles, y otras organizaciones de derechos humanos, se concentraron a las puertas de la sede principal del Ministerio Público, para exigir el cese de la utilización de los tribunales para entorpecer la labor de los activistas sociales.
“Decimos basta de juicios penales por protestar. Defendemos el derecho a la protesta pacífica. Protestar no es un delito, sino un derecho”, comentó el coordinador de Provea, Marino Alvarado.
Destacó que la criminalización de la protesta social ha afectado a todos los sectores políticos del país, y recalcó que, indistintamente, dirigentes identificados con el oficialismo o con la oposición son sometidos a procesos penales.
Alerta
Cuestionó que desde la Asamblea Nacional se estén discutiendo leyes que cercenan el derecho a la protesta, como es el caso de la reforma a Ley Orgánica del Trabajo.
Alvarado resaltó que este miércoles los tribunales de Puerto Ordaz dieron inicio a un juicio contra 14 trabajadores de la empresa Camila (contratista de Sidor), también recordó que un tribunal de Carabobo prohibió a los dirigentes sindicales de la refinería El Palito sostener reuniones y asambleas en las instalaciones de la industria petrolera.
Pedro Rondón, representante laboral y miembro de la junta directiva de Sidor, recordó que este miércoles la Fiscalía acusó formalmente a tres obreros que reclamaron por las inseguras condiciones laborales dentro de la siderúrgica. Cuestionó que el Ministerio Público haya apelado la libertad plena que un juez de Puerto Ordaz otorgó a 53 trabajadores que habían sido sometidos a juicio por participar en diversas manifestaciones.
En paralelo a la protesta realizada por Provea, representantes del Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores Judiciales (Suontraj) denunciaron que las autoridades del Poder Judicial están llevando a cabo una serie de ataques y hostigamientos contra los dirigentes laborales, situación que pretende obstaculizar la discusión de la nueva convención colectiva.
“Tenemos información que la Sala Plena ha ordenado a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura que dilate y obstruya la negociación de la contratación colectiva”, dijo Luis Gálviz, presidente de Suontraj, quien destacó que ya han elevado la denuncia ante el Ministerio del Trabajo y la Asamblea Nacional, pero hasta ahora no han recibido respuestas.
Derecho garantizado
El presidente del Frente de Abogados Bolivarianos, Julio Latán, negó que en Venezuela haya persecución política y criminalización de las protestas.
Afirmó que ningún ciudadano ha sido sometido a juicio por dirigir acciones de calle. Argumentó que quienes fueron puestos a las órdenes de los tribunales “de seguro cometieron algún delito en esos escenarios, pero acá por protestar a nadie se ha metido preso, eso es mentira”.
Indicó que el conductor José Dacre, detenido el año pasado en una marcha opositora co debería ser juzgado en libertad.
Sicariato
Johan Rivas, trabajador del sector público de la salud, y vocero del colectivo Socialismo Revolucionario, pidió a la Fiscalía una respuesta definitiva frente a los decenas de sicariatos que han afectado a dirigentes obreros. “Es una contradicción que haya criminalización de la protesta”.
Preocupación
Luis Gálviz aseguró que tanto los directivos de Suontraj como los de Sunep-Judicatura están en la mira de las autoridades del Poder Judicial, y advirtió que en cualquier momento podrían ser removidos de sus cargos. Alegó que hay un irrespeto al fuero sindical.
(El Tiempo, http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=198073)
CARACAS.- Más de 2 mil 200 dirigentes sociales se encuentran bajo procesos penales por ejercer su derecho a la protesta, situación que, según denunciaron representantes de la asociación civil Provea, viola las garantías consagradas por la Constitución y los acuerdos internacionales suscritos por la República.
Este miércoles integrantes de la agrupación, acompañados por voceros de sindicatos, movimientos estudiantiles, y otras organizaciones de derechos humanos, se concentraron a las puertas de la sede principal del Ministerio Público, para exigir el cese de la utilización de los tribunales para entorpecer la labor de los activistas sociales.
“Decimos basta de juicios penales por protestar. Defendemos el derecho a la protesta pacífica. Protestar no es un delito, sino un derecho”, comentó el coordinador de Provea, Marino Alvarado.
Destacó que la criminalización de la protesta social ha afectado a todos los sectores políticos del país, y recalcó que, indistintamente, dirigentes identificados con el oficialismo o con la oposición son sometidos a procesos penales.
Alerta
Cuestionó que desde la Asamblea Nacional se estén discutiendo leyes que cercenan el derecho a la protesta, como es el caso de la reforma a Ley Orgánica del Trabajo.
Alvarado resaltó que este miércoles los tribunales de Puerto Ordaz dieron inicio a un juicio contra 14 trabajadores de la empresa Camila (contratista de Sidor), también recordó que un tribunal de Carabobo prohibió a los dirigentes sindicales de la refinería El Palito sostener reuniones y asambleas en las instalaciones de la industria petrolera.
Pedro Rondón, representante laboral y miembro de la junta directiva de Sidor, recordó que este miércoles la Fiscalía acusó formalmente a tres obreros que reclamaron por las inseguras condiciones laborales dentro de la siderúrgica. Cuestionó que el Ministerio Público haya apelado la libertad plena que un juez de Puerto Ordaz otorgó a 53 trabajadores que habían sido sometidos a juicio por participar en diversas manifestaciones.
En paralelo a la protesta realizada por Provea, representantes del Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores Judiciales (Suontraj) denunciaron que las autoridades del Poder Judicial están llevando a cabo una serie de ataques y hostigamientos contra los dirigentes laborales, situación que pretende obstaculizar la discusión de la nueva convención colectiva.
“Tenemos información que la Sala Plena ha ordenado a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura que dilate y obstruya la negociación de la contratación colectiva”, dijo Luis Gálviz, presidente de Suontraj, quien destacó que ya han elevado la denuncia ante el Ministerio del Trabajo y la Asamblea Nacional, pero hasta ahora no han recibido respuestas.
Derecho garantizado
El presidente del Frente de Abogados Bolivarianos, Julio Latán, negó que en Venezuela haya persecución política y criminalización de las protestas.
Afirmó que ningún ciudadano ha sido sometido a juicio por dirigir acciones de calle. Argumentó que quienes fueron puestos a las órdenes de los tribunales “de seguro cometieron algún delito en esos escenarios, pero acá por protestar a nadie se ha metido preso, eso es mentira”.
Indicó que el conductor José Dacre, detenido el año pasado en una marcha opositora co debería ser juzgado en libertad.
Sicariato
Johan Rivas, trabajador del sector público de la salud, y vocero del colectivo Socialismo Revolucionario, pidió a la Fiscalía una respuesta definitiva frente a los decenas de sicariatos que han afectado a dirigentes obreros. “Es una contradicción que haya criminalización de la protesta”.
Preocupación
Luis Gálviz aseguró que tanto los directivos de Suontraj como los de Sunep-Judicatura están en la mira de las autoridades del Poder Judicial, y advirtió que en cualquier momento podrían ser removidos de sus cargos. Alegó que hay un irrespeto al fuero sindical.
(El Tiempo, http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=198073)
El Nacional: Inician campaña en defensa de derecho a la protesta social
MANIFESTACIÓN La criminalización afecta a todos los sectores del país
Inician campaña en defensa de derecho a la protesta social
Sectores democráticos temen que una nueva Ley Habilitante cierre aún más los espacios a los ciudadanos, alertó Marino Alvarado, directivo de Provea
ANA DIAZ
anadiaz@el-nacional.com
Con pancartas, volantes y títeres gigantes rechazaron el uso de la represión y de la fuerza pública contra quienes legítimamente reclaman sus derechos
Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos se concentraron ayer ante la sede de la Fiscalía General de la República como la primera acción de una campaña en defensa del derecho a la protesta social, que el Gobierno pretende eliminar a través de la criminalización.
Marino Alvarado, representante de Provea, informó que la política gubernamental abarca la descalificación contra quienes se movilizan por la defensa de sus derechos, el uso indiscriminado de la fuerza pública, sicarios y parapoliciales, y la apertura de expedientes judiciales.
Sobre esto último, informó que 2.200 personas de organizaciones sindicales, estudiantiles y de las comunidades "son sometidas a juicios penales por ejercer el derecho a la protesta, consagrado por la Constitución".
Citó el juicio contra 14 trabajadores de la empresa Camila, contratista de Sidor, que están bajo régimen de presentación desde hace tres años y medio.
"El proceso gubernamental de criminalización afecta a todos los sectores políticos del país", dijo Alvarado.
Agregó que "dirigentes sindicales -simpatizantes del proceso del presidente Hugo Chávez- están sometidos a régimen de proceso penal, así como personas de las comunidades por exigir mejoras en los servicios públicos".
También alertó que desde la Asamblea Nacional se promulgan leyes que cercenan el derecho a la protesta. Hizo un llamado a las organizaciones sindicales a estar vigilantes ante la Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, pues se pretende restringir o eliminar el derecho a la huelga.
Otra violación a los derechos humanos es el uso creciente del sicariato que -en los últimos cinco años- cobró la vida a más de cien sindicalistas y 60 dirigentes campesinos. "Estos casos siguen impunes", dijo Alvarado.
Denunció que la última modalidad judicial es dictar medidas cautelares para impedir a la dirigencia sindical ejercer su trabajo. "A los sindicalistas de la refinería El Palito se les prohíbe convocar asambleas, informar a los trabajadores y realizar reuniones cerca de las plantas" destacó.
Sobre una eventual nueva Ley Habilitante para el presidente Chávez, advirtió que los sectores democráticos temen se cierren aún más los espacios ciudadanos.
Los manifestantes que se concentraron ayer frente al Ministerio Público llevaron pancartas y volantes con leyendas en rechazo a la criminalización de la protesta. Llevaron también dos títeres gigantes que ilustraban la escena de un policía agrediendo a un obrero. De esta manera destacaron el uso de la represión y de la fuerza pública contra quienes reclaman sus derechos.
En las puertas de la Fiscalía estuvieron activistas de la Unidad Socialista de Izquierda, Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma, Acción Solidaria, Convive, Espacio Público, Cofavic, Colectivo Socialismo Revolucionario, Liga de Trabajadores por el Socialismo, Movimiento Solidaridad Laboral, Colectivo Libre Aquiles Nazoa, Comité de Víctimas contra la Impunidad, Movimiento de Solidaridad Laboral, entre otras.
Los manifestantes solicitan la derogación de los artículos que penalizan el derecho a la protesta del Código Penal, Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación y la Ley especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento.
Nación
Difieren juicio oral contra sidoristas
FABIOLA ZERPA
La apertura del juicio a 14 trabajadores de Sidor acusados de 5 delitos por protestar por mejores condiciones laborales en 2006 fue diferida por cuarta vez hasta el 11 de febrero de 2010, lo cual evidencia un gran retardo procesal, informaron fuentes del caso.
Ayer había mucha expectativa por la audiencia en Ciudad Guayana, pues se esperaba que fuera el comienzo del juicio oral contra 3 sindicalistas y 11 trabajadores de la empresa siderúrgica. Sin embargo, el diferimiento sigue causando desasosiego entre los imputados.
El caso es de relevancia para las organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Provea, que lo considera un patrón de criminalización de la protesta muy negativo para la historia de Venezuela.
Si son sentenciados, los trabajadores pueden sufrir penas de entre 5 y 10 años de cárcel.
Los delitos que pesan sobre los acusados son secuestro, instigación a delinquir, crimen organizado, apropiación indebida y violación de zona de seguridad.
Los hechos se originaron cuando los sindicalistas Juan Valor, Leonel Grisett y Jhoel Hernández, junto con empleados de la contratista Transportes Camila, tomaron en custodia unos equipos en protesta por sus desperfectos y falta de mantenimiento, lo que ponía en riesgo la seguridad laboral de los trabajadores.
Provea afirma que en el país existen 2.200 personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales por ejercer su derecho a la protesta para exigir reivindicaciones fundamentales. Desde 2006, los acusados deben presentarse en el tribunal cada cierto tiempo. Al comienzo fue cada 30 días y luego cada 45 días.
Tribunalicios denuncian
El presidente del gremio, Luis Galvis, denunció que presionan a los trabajadores tribunalicios para limitar sus actividades sindicales.
Señaló que en Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Aragua y Caracas los han amenazados con removerlos de sus cargos si hacen asambleas.
Añadió que los dirigentes sindicales han sido hostigados, como en el caso del presidente de la seccional Caracas, Kennedy Bolívar, en cuya residencia se presentaron motorizados armados el martes en la noche.
"No podemos ejercer la libertad sindical, que es un derecho humano y que está consagrada en la propia Constitución. No hay libertad sindical para los trabajadores tribunalicios, las directivas sufren las arremetidas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y corremos el riesgo de ser despedidos sin causa justa".
(EL NACIONAL - Jueves 30 de Julio de 2009, Nación/2)
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