El Nacional: Inician campaña en defensa de derecho a la protesta social

MANIFESTACIÓN La criminalización afecta a todos los sectores del país
Inician campaña en defensa de derecho a la protesta social

Sectores democráticos temen que una nueva Ley Habilitante cierre aún más los espacios a los ciudadanos, alertó Marino Alvarado, directivo de Provea

ANA DIAZ
anadiaz@el-nacional.com

Con pancartas, volantes y títeres gigantes rechazaron el uso de la represión y de la fuerza pública contra quienes legítimamente reclaman sus derechos
Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos se concentraron ayer ante la sede de la Fiscalía General de la República como la primera acción de una campaña en defensa del derecho a la protesta social, que el Gobierno pretende eliminar a través de la criminalización.

Marino Alvarado, representante de Provea, informó que la política gubernamental abarca la descalificación contra quienes se movilizan por la defensa de sus derechos, el uso indiscriminado de la fuerza pública, sicarios y parapoliciales, y la apertura de expedientes judiciales.

Sobre esto último, informó que 2.200 personas de organizaciones sindicales, estudiantiles y de las comunidades "son sometidas a juicios penales por ejercer el derecho a la protesta, consagrado por la Constitución".

Citó el juicio contra 14 trabajadores de la empresa Camila, contratista de Sidor, que están bajo régimen de presentación desde hace tres años y medio.

"El proceso gubernamental de criminalización afecta a todos los sectores políticos del país", dijo Alvarado.

Agregó que "dirigentes sindicales -simpatizantes del proceso del presidente Hugo Chávez- están sometidos a régimen de proceso penal, así como personas de las comunidades por exigir mejoras en los servicios públicos".

También alertó que desde la Asamblea Nacional se promulgan leyes que cercenan el derecho a la protesta. Hizo un llamado a las organizaciones sindicales a estar vigilantes ante la Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, pues se pretende restringir o eliminar el derecho a la huelga.

Otra violación a los derechos humanos es el uso creciente del sicariato que -en los últimos cinco años- cobró la vida a más de cien sindicalistas y 60 dirigentes campesinos. "Estos casos siguen impunes", dijo Alvarado.

Denunció que la última modalidad judicial es dictar medidas cautelares para impedir a la dirigencia sindical ejercer su trabajo. "A los sindicalistas de la refinería El Palito se les prohíbe convocar asambleas, informar a los trabajadores y realizar reuniones cerca de las plantas" destacó.

Sobre una eventual nueva Ley Habilitante para el presidente Chávez, advirtió que los sectores democráticos temen se cierren aún más los espacios ciudadanos.

Los manifestantes que se concentraron ayer frente al Ministerio Público llevaron pancartas y volantes con leyendas en rechazo a la criminalización de la protesta. Llevaron también dos títeres gigantes que ilustraban la escena de un policía agrediendo a un obrero. De esta manera destacaron el uso de la represión y de la fuerza pública contra quienes reclaman sus derechos.

En las puertas de la Fiscalía estuvieron activistas de la Unidad Socialista de Izquierda, Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma, Acción Solidaria, Convive, Espacio Público, Cofavic, Colectivo Socialismo Revolucionario, Liga de Trabajadores por el Socialismo, Movimiento Solidaridad Laboral, Colectivo Libre Aquiles Nazoa, Comité de Víctimas contra la Impunidad, Movimiento de Solidaridad Laboral, entre otras.

Los manifestantes solicitan la derogación de los artículos que penalizan el derecho a la protesta del Código Penal, Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación y la Ley especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento.



Nación
Difieren juicio oral contra sidoristas

FABIOLA ZERPA

La apertura del juicio a 14 trabajadores de Sidor acusados de 5 delitos por protestar por mejores condiciones laborales en 2006 fue diferida por cuarta vez hasta el 11 de febrero de 2010, lo cual evidencia un gran retardo procesal, informaron fuentes del caso.

Ayer había mucha expectativa por la audiencia en Ciudad Guayana, pues se esperaba que fuera el comienzo del juicio oral contra 3 sindicalistas y 11 trabajadores de la empresa siderúrgica. Sin embargo, el diferimiento sigue causando desasosiego entre los imputados.

El caso es de relevancia para las organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Provea, que lo considera un patrón de criminalización de la protesta muy negativo para la historia de Venezuela.

Si son sentenciados, los trabajadores pueden sufrir penas de entre 5 y 10 años de cárcel.

Los delitos que pesan sobre los acusados son secuestro, instigación a delinquir, crimen organizado, apropiación indebida y violación de zona de seguridad.

Los hechos se originaron cuando los sindicalistas Juan Valor, Leonel Grisett y Jhoel Hernández, junto con empleados de la contratista Transportes Camila, tomaron en custodia unos equipos en protesta por sus desperfectos y falta de mantenimiento, lo que ponía en riesgo la seguridad laboral de los trabajadores.

Provea afirma que en el país existen 2.200 personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales por ejercer su derecho a la protesta para exigir reivindicaciones fundamentales. Desde 2006, los acusados deben presentarse en el tribunal cada cierto tiempo. Al comienzo fue cada 30 días y luego cada 45 días.

Tribunalicios denuncian

El presidente del gremio, Luis Galvis, denunció que presionan a los trabajadores tribunalicios para limitar sus actividades sindicales.

Señaló que en Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Aragua y Caracas los han amenazados con removerlos de sus cargos si hacen asambleas.

Añadió que los dirigentes sindicales han sido hostigados, como en el caso del presidente de la seccional Caracas, Kennedy Bolívar, en cuya residencia se presentaron motorizados armados el martes en la noche.

"No podemos ejercer la libertad sindical, que es un derecho humano y que está consagrada en la propia Constitución. No hay libertad sindical para los trabajadores tribunalicios, las directivas sufren las arremetidas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y corremos el riesgo de ser despedidos sin causa justa".

(EL NACIONAL - Jueves 30 de Julio de 2009, Nación/2)