Realizada concentración por defensa del derecho a la protesta social y en solidaridad con los 14 trabajadores enjuiciados de Sidor

(Caracas, 29.07.09) Durante la mañana del 29.07.09, un grupo de organizaciones sociales y en derechos humanos, acompañados de diferentes colectivos populares, realizaron una concentración en las puertas de la Fiscalía General de la República, ubicada en Parque Carabobo Caracas, como inicio de lo que denominan “Campaña en defensa del derecho a la protesta social”. Según los activistas, esta es una respuesta al creciente proceso de criminalización de la protesta realizado por entes y órganos del Estado, el cual abarca desde los descalificativos a quienes se movilizan para la defensa de sus derechos, el uso indiscriminado de la fuerza pública, la apertura de procesos judiciales penales, promulgación de normas restrictivas del derecho a la protesta y el uso de sicarios y parapoliciales para disuadir las acciones de exigencia de derechos sociales, tales como trabajo, vivienda y servicios públicos.

Esta iniciativa es promovida por diferentes organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Unidad Socialista de Izquierda (USI), Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma (CCURA), Acción Solidaria, Convite, Periódico El Libertario, Espacio Público, COFAVIC, Colectivo Socialismo Revolucionario (CSR), Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), Movimiento Solidaridad Laboral, Colectivo Libre Aquiles Nazoa, Comité de Víctimas contra la Impunidad, Indubio Pro Reo, Sintraince, entre otras.

Antonio Puppio, coordinador del programa de exigibilidad de Provea, se reunió con Alejandro Castillo, director general de actuación procesal de la Fiscalía, para presentarle las demandas de las organizaciones participantes de la actividad. “Se planteó la desnaturalización del derecho a la protesta por parte del gobierno, la cual se ejerce con la aplicación de tipos delictivos que aparecen en el Código Penal y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, entre otras”.

El representante de Provea agregó “por otro lado, preocupa la impunidad que existe con respecto a los casos de sicariato sindical y los asesinatos de campesinos, lo cual favorece la repetición de los hechos. Además, la desnaturalización de la protesta se manifiesta por las descalificaciones que realizan funcionarios del Estado contra aquellos que ejercen su derecho a manifestar”.

El representante de la Fiscalía por su parte reafirmó el rango constitucional que tiene el derecho a la protesta y puntualizó que el Ministerio Público no está realizando ningún juicio contra trabajadores por ejercer su derecho, las actuaciones que han realizado contra empleados u obreros se sustenta en las actas presentadas por los funcionarios aprehensores y son una precalificación.

En cuanto a los 14 trabajadores de SIDOR que serían sometidos a juicio en horas de la mañana, el acto judicial volvió a ser pospuesto, en esta oportunidad se movió para febrero de 2010 lo cual somete a los trabajadores a seguir bajo régimen de presentación en el tribunal de control.

Las reivindicaciones que se llevaron al representante de la fiscalía por las organizaciones participantes de “Campaña en defensa del derecho a la protesta social” fueron:

1) La derogación de los artículos 284, 286, 297 y 358 del Código Penal; 47, 48, 49, 50, 53 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación; 139 y 141 de la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, así como el 20, 24 y 25 de la Ley especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos al control de precios, todos los cuales penalizan el derecho a la protesta.

2) La investigación imparcial y transparente de todos los crímenes de sicariato y otros delitos contra campesinos, obreros y otros actores sociales, así como el juicio y sanción para los culpables.

3) La libertad plena e inmediata de todos y todas las activistas sociales privadas de libertad por protestar, así como la suspensión del régimen de presentación periódica ante los tribunales y el resto de medidas cautelares que prohíben el trabajo sindical dentro de los centros de trabajo.

4) No al uso de la fuerza pública en contra de las manifestaciones por derechos sociales y políticos. Prohibición del uso de armas de fuego y bombas lacrimógenas por parte de los funcionarios policiales y militares en las protestas y en la ejecución de desalojos judiciales contra las acciones de exigencias del derecho a la vivienda y a los servicios públicos.

Para mayor información puede visitar el sitio web http://protestarnoesundelito.blogspot.com