Blog de la Campaña por la defensa a la protesta social, realizada por organizaciones de trabajadores y trabajadores, grupos de derechos humanos y organizaciones sociales venezolanas

martes, 15 de septiembre de 2009

PSUV desmiente campaña mediática sobre criminalización de la protesta en el país

Foto: Wendys Olivo, ABN.

Caracas, 14 Sept. ABN.- Un categórico rechazo a la campaña que sectores oposicionistas, con el aval de la cúpula de la Iglesia católica venezolana, realizan en medios de comunicación privados sobre una presunta criminalización de la protesta en el país, sostuvo este lunes Rodrigo Cabezas, integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Con estas palabras el dirigente de la tolda roja se refirió a las acusaciones formuladas por sectores de la oposición contra la Fiscal General de República, en las que la funcionaria habría prohibido la protesta pacífica en el país.

“Mienten descaradamente, no hay palabras de ella en ese sentido. La manipulación será derrotada, de nuevo, lo que ha dicho la fiscal y lo ratificamos en el PSUV es que la protesta es constitucional, la protesta cívica es un derecho que esta en la Constitución y así lo reconoce el Estado y nosotros como luchadores sociales militantes del partido ”, expresó.

Sin embargo, Cabezas fue enfático al señalar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no permite la protesta violenta, “ella no contempla las guarimbas como forma de manifestación de las minorías, trancar calles avenidas o intentar cerrar escuelas”.

En cuanto a los ciudadanos que sean aprehendidos por hechos violentos, señaló que juzgarlos es competencia tanto del Ministerio Público como de los tribunales del país.

Al respecto, abogó por el cumplimiento del debido proceso y que “por supuesto que se le garanticen sus derechos humanos y sobre todo el más importante, el de la vida”.

En este sentido, agregó: “Este gobierno no tortura, este gobierno defiende los derechos humanos y por eso podemos decir a viva voz que en el país hay una política de orden público democrática que no violenta los derechos humanos, cuyo objetivo fundamental es mantener la paz y la tranquilidad de la población”.

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